Es necesario una mayor inversión en proyectos de vivienda de interés social (VIS) para superar el déficit habitacional en Colombia.

Cuando se habla de déficit habitacional lo debemos enmarcar en dos dimensiones; cualitativa y cuantitativa.

El déficit cuantitativo se refiere a aquellas familias que habitan viviendas con deficiencias estructurales o carencia de espacio, que hoy en Colombia se acerca al 7.5%.

Por el contrario, el déficit cualitativo, que identifica a las viviendas con deficiencias no estructurales (carencia de servicios básicos, hacinamiento, etc.) está alrededor del 23.5%.

El déficit cuantitativo afecta a 4% de hogares en las ciudades y a 20% en áreas rurales. De acuerdo con un estudio realizado por el Laboratorio de Economía Urbana del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el startup La Haus, para solucionar este rezago se requiere de la construcción de 400.000 viviendas por año.

Esto representa una inversión adicional de 0.5 puntos porcentuales del PIB, que se traduce en una cifra cercana a los $5.8 billones por año.

Si vamos a las cifras de CAMACOL, que registra una producción de 180.000 viviendas sociales en el año en 300 municipios del país, la meta de erradicar el déficit de vivienda se ve bastante lejana.

“La ejecución de este número de viviendas generaría un gran crecimiento para el sector de la construcción, cerca de 20%; Sin embargo, es un reto bastante ambicioso y más aún con las condiciones actuales del país, pues, desde el punto de vista macroeconómico, industrial y de planificación territorial, es un reto complejo» resalta el coautor del estudio, Alberto Saiz, profesor asociado del Laboratorio de Economía Urbana de MIT.

Uno de los principales retos es la disponibilidad de suelos. A ritmos corrientes de desarrollo, se requerirían para las 5 principales ciudades de Colombia 50.000 hectáreas en áreas brownfield (áreas en donde ya existe infraestructura de calles pavimentadas y servicios públicos).

Si, por el contrario, este desarrollo se genera en áreas greenfield, que son aquellas en donde no hay construcciones, por lo que se requiere pavimentar calles y habilitar espacios públicos, el requerimiento de tierra se duplica a 100.000 hectáreas, lo que podría llegar a ser inviable por el poco terreno disponible para la construcción nueva en estas ciudades.

Lo anterior obligaría a evaluar hacer edificios con mayor número de unidades por piso y mayor altura en zonas ya habilitadas, lo que implicaría compra de terrenos, demoliciones, adecuaciones viales, que incrementarían notablemente la inversión necesaria.

Preservar e impulsar el derecho a la vivienda digna va a requerir de un importante esfuerzo de la sociedad, los gremios y el gobierno para los próximos años.